Ramírez de Arellano se reunió con el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Andalucía pide al Gobierno central que no aplique este año la implantación de la reválida

Fuente: Junta de Andalucía

Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento, que ha mantenido en Madrid un encuentro con el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE Universidades Españolas), ha recordado que el curso académico “ha arrancado sin que el Gobierno haya despejado la incógnita sobre cómo será la reválida de Bachillerato, pieza clave ahora para el acceso a la Universidad”.

Esta circunstancia, ha explicado, “no ofrece las condiciones de certidumbre y estabilidad para afrontar este asunto con rigor, pues no se ha cerrado el proceso normativo”, una situación que “está afectando a los más de 350.000 estudiantes de Bachillerato y a sus familias que, con el curso ya empezado, desconocen cuál será el modelo”.

Del mismo modo, ha añadido que existen aspectos económicos por resolver, ya que el coste de la Prueba de Acceso a la Universidad, que supone unos 30 millones de euros en todo el territorio nacional, se asumía a través de un sistema de tasas, mientras que la reválida, “siendo algo obligatorio para obtener el título de Bachillerato, debería ser gratuito, pero el Gobierno tendrá que explicar de dónde y cómo se va a pagar”.

El titular andaluz de Economía ha afirmado que, con estas circunstancias, “el Gobierno central sabe que aplicar la reválida como está planteada es casi imposible y por eso debe abordar esta cuestión cuanto antes” y, ha añadido, “si el planteamiento es hacer una prueba muy parecida a la que se estaba haciendo, por qué no se mantiene la que había tal y como está y se analizan los efectos académicos de una forma sosegada”.

Respecto al llamamiento del Ministerio de Educación a respetar la LOMCE por parte de las comunidades autónomas, Ramírez de Arellano ha recordado que “esta norma no garantiza un derecho recogido en la Constitución como es la educación en igualdad de oportunidades, por lo que Andalucía no puede favorecer ninguna norma que ponga en juego un derecho constitucional”.

Ante “esta falta de seguridad jurídica y de un sistema bien organizado”, el consejero de Economía ha reclamado al Gobierno “claridad y transparencia” y “que mantenga un mecanismo de acceso a la Universidad como en el que se ha desarrollado hasta el momento, con una prueba organizada por las universidades”.

En el caso de Andalucía, Ramírez de Arellano ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a la comunidad educativa de la región, porque “habrá una prueba muy similar a la Selectividad, que se ha demostrado eficaz para ordenar la entrada a la Universidad de forma transparente”.

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